Aunque los acopiadores respaldan la implementación del sistema Visec para cumplir con el reglamento antideforestación de la Unión Europea, advierten que la certificación y la segregación de la soja no serán gratuitas para ellos. Señalan que el nuevo esquema presionará sus costos operativos y reclaman que se adopte un modelo de segregación documental para evitar un impacto económico y ambiental mayor.
La decisión de la Unión Europea de postergar hasta 2027 la entrada en vigencia del nuevo reglamento antideforestación alivió, pero no resolvió, las tensiones dentro de la cadena granaria argentina. La norma exige que los importadores europeos certifiquen que los alimentos que compran entre ellos la soja y la carne vacuna no provienen de campos desmontados después de 2020.
Para Europa, construir esa certificación es un desafío técnico; para la Argentina, una fuente creciente de preocupación. Desde el Consejo Agroindustrial, Gustavo Idígoras, presidente de Ciara-CEC, insiste en que la adopción del sistema Visec permitirá transparentar el origen de los granos y asegura que será gratuito para los productores.
Sin embargo, los acopiadores cuestionan que el costo recaerá sobre ellos. Daniel Assef, directivo de la Federación de Acopiadores, afirmó que si bien la entidad acompaña la iniciativa, el proceso está lejos de ser sin costo: “No será gratuita para nosotros. Las empresas deberán hacerse cargo de la certificación y la segregación de los granos”.
El dirigente explicó que, en un mercado altamente competitivo, esos gastos no podrán trasladarse al productor. “Si lo hacés, perdés clientes. El acopio tendrá que absorberlo”, dijo. Además, criticó la complejidad técnica que exige la Unión Europea: “No podés tener un silo sólo para 200 toneladas de soja de un productor que deforestó después de 2020”.