La media sanción en el Senado a la reforma de la Ley de Glaciares reaviva el debate ambiental y pone en duda la viabilidad del acuerdo UE-Mercosur, al abrir la puerta a una mayor actividad minera en zonas sensibles.
La reciente aprobación en la Cámara Alta de la reforma de la Ley de Glaciares en Argentina encendió alertas tanto en el ámbito local como en el internacional. El proyecto propone redefinir los límites de las áreas protegidas y transferir a las provincias la potestad de determinar qué zonas periglaciares deben conservarse, con el objetivo de brindar mayor previsibilidad a las inversiones mineras.
El Gobierno sostiene que la iniciativa otorgará “seguridad jurídica” a proyectos estratégicos, especialmente vinculados a la extracción de cobre, con inversiones estimadas en hasta 30.000 millones de dólares. Desde el Ejecutivo aseguran que el desarrollo de estos emprendimientos resulta clave para fortalecer las exportaciones y consolidar el crecimiento económico.
Sin embargo, especialistas en derecho ambiental y organizaciones ecologistas advierten que la reforma podría vulnerar el principio de no regresión ambiental, un eje central en las exigencias de la Unión Europea tras la implementación del Pacto Verde. Según estos sectores, flexibilizar la protección de glaciares comprometería reservas estratégicas de agua dulce y debilitaría los estándares de sostenibilidad asumidos en negociaciones internacionales.
El debate adquiere mayor dimensión en el contexto del acuerdo UE-Mercosur, cuya ratificación aún enfrenta resistencias dentro del bloque europeo. Países como Francia y Austria han manifestado históricamente reparos en materia ambiental, y una eventual reducción de las garantías ecológicas podría reforzar esas objeciones.
En este escenario, la tensión entre el impulso al desarrollo extractivo y el cumplimiento de compromisos ambientales internacionales marcará el rumbo de la política comercial argentina. De convertirse en ley sin modificaciones sustanciales, la reforma podría derivar en controversias jurídicas y afectar el acceso preferencial al mercado europeo, que agrupa a más de 450 millones de consumidores cada vez más exigentes en materia de trazabilidad y sostenibilidad.