Las principales empresas agroexportadoras que operan en Brasil resolvieron disolver la “moratoria de la soja”, un acuerdo privado vigente desde 2006, luego de que el organismo antimonopolio del país advirtiera posibles conductas anticompetitivas y la amenaza de multas millonarias.
La denominada “moratoria de la soja”, firmada en 2006 por las principales compañías agroexportadoras, llegó a su fin en Brasil tras casi dos décadas de vigencia. El acuerdo prohibía la compra de soja cultivada en áreas del bioma amazónico deforestadas después de julio de 2008, aun cuando esa deforestación se encontrara dentro de los márgenes permitidos por el Código Forestal Brasileño, que autoriza la eliminación de hasta el 20% de la vegetación en propiedades ubicadas en la Amazonia.
En agosto pasado, el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) decidió suspender de manera preventiva la moratoria e iniciar un proceso administrativo contra las empresas y asociaciones firmantes del acuerdo, al considerar que podría tratarse de una práctica contraria a la libre competencia.
La decisión del CADE respondió a un pedido presentado por la Confederación Brasileña de Agricultura y Ganadería (CNA), junto con la Cámara de Diputados, el Senado y la Asociación de Productores de Soja y Maíz de Mato Grosso (Aprosoja-MT), entidad que en mayo de 2025 había impulsado una demanda judicial contra las compañías involucradas.
Investigación por presunta conducta anticompetitiva
El procedimiento administrativo alcanzó a la Asociación Brasileña de Industrias de Aceites Vegetales (Abiove) y a la Asociación Nacional de Exportadores de Cereales (ANEC), además de unas 30 empresas agroexportadoras, entre ellas ADM, Bunge, Cargill, CHS, Cofco, Louis Dreyfus Company (LDC) y Viterra.
Según la investigación del CADE, las empresas habrían conformado un “Grupo de Trabajo de la Soja” para monitorear el mercado y coordinar las condiciones de compra del grano, lo que para el organismo podría constituir una conducta de tipo cartel.
Como medida cautelar, el CADE ordenó al grupo abstenerse de recopilar, almacenar o compartir información comercial vinculada a la producción, venta o adquisición de soja, así como de contratar auditorías privadas. También dispuso la eliminación de cualquier documento relacionado con la moratoria de los sitios web de las entidades involucradas.
Riesgo de multas millonarias
Una vez concluida la investigación, la Superintendencia General del CADE deberá emitir un dictamen y elevar el caso a su Tribunal. En caso de condena, las asociaciones podrían enfrentar multas de entre 50.000 y 2.000 millones de reales, mientras que las empresas quedarían expuestas a sanciones de entre 0,1% y 20% de su facturación bruta del último ejercicio fiscal previo al inicio del proceso.
Frente a este escenario, las compañías integrantes de Abiove y ANEC informaron formalmente su retiro del acuerdo, lo que implica la disolución de facto de la moratoria y el fin de la discriminación privada en la originación de soja en Brasil.
Celebración de los productores
Desde Aprosoja-MT celebraron la decisión y la calificaron como una victoria para los productores. “Durante años se vieron perjudicados por un acuerdo privado e ilegal, incompatible con la legislación nacional, asimétrico en su aplicación e injusto para quienes cumplen con el Código Forestal Brasileño”, señalaron en un comunicado.
La entidad sostuvo además que las acciones del CADE detectaron indicios de actividad cartelizada y una posible afectación al orden económico, y ratificó su compromiso con una producción agrícola responsable, dentro de un marco legal “claro, estable y justo”, sin imposiciones privadas.