Un mapa interactivo elaborado por investigadores del CONICET y la UBA revela que más de 13 millones de hectáreas productivas y estratégicas del país están en manos extranjeras, con posibles impactos sobre la soberanía, los recursos naturales y las decisiones futuras del Estado.
Investigadores del CONICET y de la Universidad de Buenos Aires presentaron un mapa interactivo que expone el creciente proceso de extranjerización de tierras en Argentina. El trabajo fue desarrollado por el Observatorio de Tierras, integrado por especialistas en historia agraria y políticas públicas, y analiza la propiedad rural a nivel departamental en todo el país.
Según el relevamiento, alrededor de 13 millones de hectáreas —una superficie equivalente a Inglaterra— pertenecen a personas físicas o jurídicas extranjeras. En provincias como Entre Ríos, departamentos como La Paz, Gualeguay y Concordia superan el promedio nacional, con porcentajes cercanos o superiores al 9% de tierras extranjerizadas.
El mapa también muestra que muchas de las zonas con mayor presencia extranjera coinciden con áreas estratégicas: cercanía a recursos hídricos, minerales, territorios fronterizos o nodos logísticos clave. En cuanto al origen del capital, las nacionalidades con mayor participación son la estadounidense, la italiana y la española, que concentran cerca de la mitad del total relevado.
El estudio se inscribe en un contexto de debate político y legal. La Ley de Tierras Rurales N° 26.737, sancionada en 2011, fija un límite del 15% de tierras rurales en manos extranjeras por provincia y por departamento. No obstante, el Decreto DNU 70/2023 impulsado por el gobierno nacional buscó derogar o flexibilizar esa norma, aunque su aplicación fue suspendida tras un amparo judicial presentado en enero de 2024 por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata.
Desde el equipo de investigadores advierten que la discusión no debería centrarse únicamente en lo ideológico, sino en la capacidad del Estado para registrar, controlar y decidir sobre el uso del territorio. Señalan que, en un escenario global marcado por tensiones en torno al agua, la energía y los alimentos, perder control sobre áreas críticas puede debilitar la soberanía nacional.
Los especialistas recuerdan que la extranjerización de la tierra se intensificó desde la década de 1990, se profundizó tras la devaluación de 2002 y fue favorecida por políticas que facilitaron el ingreso de capitales externos. De avanzar una mayor liberalización, alertan, podrían incrementarse los conflictos sociales y ambientales, además de reducirse el margen de decisión estratégica del país.