La entrada en vigor de la AI Basic Act convierte a Corea del Sur en el primer país con una regulación nacional completa y operativa sobre inteligencia artificial, combinando control de riesgos, transparencia obligatoria y una fuerte apuesta estatal al desarrollo tecnológico.
Corea del Sur puso en vigencia el 22 de enero de 2026 la AI Basic Act, considerada el primer marco integral y plenamente operativo de regulación de inteligencia artificial a nivel nacional. La norma introduce un sistema obligatorio de control basado en niveles de riesgo, exige transparencia sobre contenidos generados por IA y, al mismo tiempo, impulsa políticas activas para fortalecer el ecosistema tecnológico del país.
Según informó Reuters, el objetivo estratégico del gobierno es posicionar a Corea del Sur entre las tres principales potencias globales en inteligencia artificial. A diferencia del enfoque más flexible de Estados Unidos y del despliegue gradual del AI Act de la Unión Europea, la ley surcoreana entra en vigor de manera plena desde ahora, transformando al país en un laboratorio regulatorio de alcance global.
Uno de los ejes centrales de la normativa es la categoría de sistemas de “alto impacto”. Allí se incluyen aplicaciones de IA en salud y diagnósticos médicos, transporte, seguridad nuclear, producción de agua potable y servicios financieros, como scoring crediticio, evaluación de préstamos y procesos de selección laboral.
En estos casos, la ley exige supervisión humana obligatoria, sistemas formales de gestión de riesgos, posibilidad efectiva de intervención humana en decisiones automatizadas y capacidad de explicar el funcionamiento del sistema cuando lo requieran las autoridades.
Otro pilar clave es la transparencia sobre contenidos sintéticos. Todo material generado por IA que pueda confundirse con contenido real —deepfakes, voces artificiales, imágenes, videos o textos— deberá estar claramente identificado mediante marcas visibles, metadatos, avisos auditivos o notificaciones explícitas. Además, las personas deberán ser informadas cuando interactúen con sistemas de IA en contextos sensibles como empleo, créditos o servicios públicos.
El régimen sancionatorio contempla multas de hasta 30 millones de wones, unos 20.000 dólares, aunque el gobierno estableció un período de gracia de al menos un año antes de aplicar sanciones plenas, para facilitar la adaptación de empresas y desarrolladores.
La ley también incluye una estrategia activa de fomento: inversión estatal en investigación y desarrollo, infraestructura de cómputo y datos, apoyo a startups y pymes tecnológicas, y la creación de organismos públicos dedicados a la supervisión y generación de confianza en sistemas de IA.
No obstante, el sector emprendedor expresó reparos por los costos de cumplimiento y la amplitud de la definición de “alto impacto”, advirtiendo que una regulación ambigua podría incentivar conductas excesivamente conservadoras. El gobierno reconoció estas tensiones y dejó abierta la puerta a ajustes durante la implementación.
Para Argentina y América Latina, el avance coreano anticipa un escenario de fragmentación regulatoria global, donde estándares de transparencia, etiquetado y supervisión podrían convertirse en requisitos internacionales de facto para exportar servicios basados en inteligencia artificial.