La industria del biodiésel atraviesa una crisis sin precedentes y apunta directamente al Gobierno nacional como responsable. Tres cámaras que nuclean a las pymes del sector —Cepreb, Casfer y Capba— enviaron una carta al ministro de Economía, Luis Caputo, denunciando el “sistemático incumplimiento” de la Ley 27.640 por parte de la Secretaría de Energía y advirtiendo sobre la “paralización total” de las plantas.
Según el documento, fechado el 8 de octubre, la Secretaría de Energía lleva 16 meses fijando precios de biodiésel por debajo de los costos reales de producción, lo que habría provocado pérdidas acumuladas de más de 53 millones de dólares para las empresas proveedoras del corte obligatorio con gasoil.
La normativa vigente establece que el precio debe calcularse en base a los costos reales más un 3% de rentabilidad. Sin embargo, las cámaras aseguran que los valores oficiales ignoran la fórmula, condenando a las firmas a operar con rentabilidad negativa.
Un ejemplo citado en la denuncia expone que el último precio oficial publicado fue de $1.508.754 por tonelada, cuando el costo de producción real en octubre trepó a $1.621.868. Esta diferencia, remarcan, no solo genera pérdidas millonarias sino que tampoco es reconocida como deuda estatal.