A través de la Resolución 37/2025, el Gobierno Nacional impulsa una profunda reforma en la industria vitivinícola. Se eliminan más de 900 normas, se simplifican trámites y el Instituto Nacional de Vitivinicultura concentrará su labor en garantizar la calidad del vino terminado.
El Gobierno Nacional anunció una reforma estructural del marco regulatorio de la industria vitivinícola, con el objetivo de reducir la burocracia, mejorar la competitividad y devolver libertad operativa al sector.
La medida, implementada mediante la Resolución N° 37/2025 del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), fue impulsada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía junto con el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
Durante décadas, la actividad vitivinícola estuvo regida por más de 1.200 normas dispersas y, en muchos casos, obsoletas. El nuevo Digesto Normativo elaborado por el INV deroga 973 regulaciones y consolida un marco más simple, basado en la libertad, la responsabilidad y la competencia.
El cambio implica una redefinición profunda del rol del Instituto: dejará de intervenir en las etapas iniciales e intermedias del proceso productivo para concentrarse en el control del producto final, asegurando que los vinos sean aptos para el consumo y libres de adulteraciones.
De esta manera, el INV dejará de fiscalizar en bodegas y se enfocará en verificar el vino terminado, lo que significará la eliminación de unas 5.000 inspecciones presenciales al año.
Entre las principales simplificaciones, se eliminan las Declaraciones Juradas semanales de elaboración, las multas por demoras administrativas y los permisos de tránsito, un trámite que generaba más de 140.000 solicitudes anuales por parte de las bodegas.
Asimismo, las certificaciones de origen, añada y varietal pasarán a ser optativas, mientras que el INV mantendrá las certificaciones exigidas para la exportación, tal como lo requieren los países de destino.