Tras la firma del decreto de Javier Milei para convertir el Banco Nación en una Sociedad Anónima, el Gobierno proyecta el cierre de sucursales y recortes de personal, aunque todavía no se han definido los plazos ni las localidades afectadas.
Si bien el decreto no menciona explícitamente estos ajustes, fuentes oficiales aseguran que las proyecciones ya están realizadas y que la reestructuración buscaría hacer más eficiente la entidad y reducir el déficit fiscal. La decisión sobre qué provincias y municipios serán los más afectados quedará en manos de las autoridades del banco.
Actualmente, el Banco Nación cuenta con 780 sucursales, y la prioridad sería clausurar aquellas ubicadas en distritos con tasas impositivas más elevadas. “Los recortes son inevitables y también será necesario reestructurar los convenios laborales”, señaló un funcionario vinculado al proceso.
El antecedente de La Pampa y la resistencia a los cierres
La reducción de sucursales no es un tema nuevo. En octubre pasado, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció el cierre de nueve de las 14 sucursales del Banco Nación en La Pampa, en respuesta al aumento de impuestos impulsado por el gobernador Sergio Ziliotto. Esta medida generó un fuerte rechazo en la provincia y podría repetirse en otras localidades si la reestructuración se extiende.
A pesar de la incertidumbre sobre los plazos, no se descarta que los cierres comiencen antes de que el Gobierno envíe al Congreso el proyecto de privatización del banco. Aunque la administración de Milei ha transformado todas las empresas estatales en sociedades anónimas, hasta ahora solo ha logrado la autorización para privatizar ocho de ellas.
Revisión de sucursales y resistencia sindical
En 2024, el Banco Nación ya redujo su plantilla en un 7%, lo que significó la salida de aproximadamente 1.000 empleados. Ahora, se analiza el posible cierre de sucursales en los 50 municipios con las tasas más altas, entre ellos varios en la provincia de Buenos Aires, como La Matanza, Quilmes, Lomas de Zamora y San Isidro. En algunos casos, los municipios han recurrido a la justicia para evitar la medida.
Desde el Gobierno insisten en que el banco no es deficitario, pero sostienen que “perdió el foco de su actividad”. Mientras tanto, La Bancaria, el sindicato liderado por Sergio Palazzo, ya advirtió que dará batalla contra el ajuste y calificó la medida como una “estafa”.
En las próximas semanas, el Ejecutivo presentará ante la Inspección General de Justicia los balances y modificaciones reglamentarias. Paralelamente, continuará la evaluación sobre la necesidad de mantener oficinas y personal en determinadas localidades, mientras el debate sobre la privatización sigue sin una fecha definida.
