En una votación ajustada, el Legislativo europeo decidió suspender la ratificación del acuerdo con el Mercosur y remitirlo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en medio de fuertes protestas de agricultores y tensiones políticas internas.
El Parlamento Europeo decidió este miércoles paralizar el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, firmado días atrás, y enviarlo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que evalúe su legalidad. La moción fue aprobada por un margen mínimo: 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones.
La iniciativa cuestiona si el tratado respeta los tratados fundacionales de la Unión Europea, en particular el mecanismo de “reequilibrio” incluido en el pacto y la base legal utilizada para su aprobación. Este esquema permitiría ratificar partes del acuerdo sin la intervención de los parlamentos nacionales, uno de los puntos más polémicos.
Desde la Comisión Europea, encabezada por Úrsula von der Leyen, rechazaron los cuestionamientos. El portavoz comunitario, Olof Gill, afirmó que “las cuestiones planteadas por el Parlamento no están justificadas”, aunque reconoció que el proceso de ratificación quedará suspendido hasta que la Justicia se pronuncie. Según estimaciones oficiales, la revisión podría demorar entre 18 y 24 meses.
La oposición de Francia y el frente agrícola europeo
El acuerdo Mercosur-UE apunta a crear la mayor zona de libre comercio del mundo, con un mercado potencial de unos 700 millones de personas y una eliminación progresiva de aranceles durante los próximos 15 años. Sin embargo, lejos de generar consenso, el tratado enfrenta una fuerte resistencia en varios países europeos.
Francia lidera la oposición, acompañada por Polonia, Hungría, Austria e Irlanda. Los agricultores de estos países temen una caída de sus ingresos ante la apertura del mercado a productos sudamericanos como carne vacuna, pollo, azúcar y soja. Argumentan que en la Unión Europea rigen normas mucho más estrictas en materia ambiental, sanitaria y de bienestar animal, lo que eleva los costos de producción.
Las protestas se intensificaron en los días previos a la firma del acuerdo. En París, cientos de tractores bloquearon los Campos Elíseos y se concentraron frente al Parlamento. Escenas similares se repitieron en Irlanda y en países de Europa Central, con cortes de rutas y consignas contra el tratado.
El envío del acuerdo a la Justicia europea abre ahora un período de incertidumbre política y comercial, mientras Bruselas intenta sostener un pacto estratégico que, por el momento, quedó atrapado entre la presión social, las divisiones internas y el escrutinio legal.