A partir de este sábado, todos los dispositivos electrónicos vendidos en la Unión Europea deberán incorporar un puerto de carga USB-C, cumpliendo con la normativa que busca reducir los residuos electrónicos y facilitar la vida de los consumidores.
La directiva europea, que entra en vigor tras un periodo de adaptación de dos años, obliga a que teléfonos móviles, tabletas, cámaras digitales, auriculares, libros electrónicos, teclados, ratones, consolas de videojuegos, altavoces y sistemas de navegación utilicen un cargador único de tipo USB-C.
Plazos y objetivos
Aunque los dispositivos mencionados ya deben cumplir la normativa, los ordenadores portátiles tendrán hasta el 28 de abril de 2026 para adaptarse. La directiva también estandariza los requisitos para la carga rápida y da a los usuarios la opción de comprar dispositivos sin incluir un cargador, lo que evitará la acumulación innecesaria de accesorios.
La ley pretende combatir el «bloqueo tecnológico» que obliga a los consumidores a depender de cargadores específicos de ciertas marcas, como el conector Lightning de Apple, promoviendo así un mercado más abierto y sostenible.
Impacto ambiental y económico
Según estimaciones de la Comisión Europea, la coexistencia de distintos tipos de cargadores generaba hasta 11,000 toneladas de residuos electrónicos al año. Con la implementación de un cargador universal, se espera ahorrar hasta 250 millones de euros anuales en cargadores innecesarios, reduciendo al mismo tiempo el impacto ambiental asociado con la producción, transporte y eliminación de estos dispositivos.
Esta medida forma parte de una estrategia más amplia de la UE para reducir los residuos electrónicos, fomentar decisiones de compra sostenibles y avanzar hacia una economía circular. Además, al reducir la extracción de materias primas y las emisiones de CO2 asociadas, la norma contribuye a los objetivos climáticos del bloque.
Monitoreo y evolución tecnológica
Anna Cavazzini, presidenta de la Comisión de Mercado Interior del Parlamento Europeo, destacó la importancia de garantizar que los consumidores puedan seguir tomando decisiones responsables en un mercado en constante evolución. También señaló la necesidad de analizar el avance de tecnologías como la carga inalámbrica y su posible regulación futura.
La directiva fue adoptada el 27 de diciembre de 2022, dando a los fabricantes dos años para adaptarse. Ahora, su implementación es obligatoria, marcando un paso importante hacia la sostenibilidad y la estandarización tecnológica en la Unión Europea.
