La Corte Suprema de Justicia dictó un fallo trascendental que obliga al Estado Nacional, tres provincias y los municipios de Rosario y Victoria a implementar un plan estratégico conjunto para detener las quemas en el Delta del Paraná, una problemática ambiental que desde años afecta a la región.
En una resolución histórica, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó al Estado Nacional y a las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe ejecutar medidas concretas para frenar las quemas en el Delta del Paraná. El fallo, firmado por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, también incluye obligaciones específicas para los municipios de Rosario y Victoria, que deberán aplicar un plan estratégico de conservación ambiental.
La sentencia responde a una demanda presentada en 2020 por la Asociación Equística Defensa del Medio Ambiente, que denunció los graves daños ocasionados por el humo y el hollín en la ciudad de Rosario como consecuencia de la quema indiscriminada de pastizales.
El máximo tribunal dispuso la implementación inmediata del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná (PIECAS-DP), un acuerdo interjurisdiccional vigente desde 2008 que, según la Corte, constituye el marco adecuado para coordinar políticas preventivas entre Nación y provincias. El tribunal constató que los incendios provienen mayormente de quemas realizadas en jurisdicción de Victoria y que, pese a los compromisos asumidos, no se registraron avances significativos en los mecanismos de prevención.
Durante el proceso, las provincias y municipios intercambiaron responsabilidades. El Gobierno Nacional sostuvo que el dominio originario de los recursos naturales corresponde a las provincias. Santa Fe, por su parte, admitió que aunque los incendios se producen fuera de su territorio, sus efectos impactan directamente en el Delta santafesino. Rosario cuestionó haber sido incluida en la demanda, argumentando que las quemas se localizan principalmente en Entre Ríos.
La Corte, sin embargo, determinó que tanto Rosario como Victoria deben formar parte del esquema de acción conjunta, y enfatizó la necesidad de una coordinación real entre todas las jurisdicciones para enfrentar una problemática que se repite año tras año.
Entre las medidas obligatorias ordenadas por el tribunal se destacan:
- Instalación de equipamiento para sistemas de alerta temprana.
- Implementación plena de la Red de Faros de Conservación en el Delta.
- Desarrollo de un plan sistemático de control de focos ígneos.
- Ejecución de un Plan de Manejo del Fuego específico para la región.
Los jueces recordaron que la responsabilidad de proteger y fiscalizar el ambiente recae principalmente en las provincias y que la Nación se limita a dictar los presupuestos mínimos de protección ambiental. También aclararon que el Poder Judicial no realizará el seguimiento del plan, ya que su monitoreo exige una continuidad que corresponde exclusivamente a las autoridades políticas.
Este fallo marca un precedente clave en la protección del ecosistema del Delta del Paraná y exige una respuesta coordinada e inmediata ante una amenaza ambiental que afecta a miles de habitantes y una de las regiones más sensibles del país.