La Federación de Acopiadores advirtió que algunas empresas exportadoras estarían exigiendo información sensible de los productores como condición para comprar soja. La entidad calificó la práctica como “ilegal, ofensiva e inviable” y anticipó posibles acciones legales.
Un nuevo conflicto sacude al mercado de la soja. La Federación de Acopiadores de Granos denunció públicamente que un grupo de empresas exportadoras estaría exigiendo datos comerciales sensibles de los productores y de los acopios como requisito para concretar operaciones de compra.
Según la entidad, las exportadoras estarían solicitando información detallada como cantidad de hectáreas sembradas, nombre y ubicación de los establecimientos y número de RENSPA de cada productor. El pedido alcanzaría tanto a quienes venden a través de acopios y cooperativas como a los que comercializan de manera directa.
Desde la Federación, que preside Fernando Rivara, calificaron la situación como inédita. Aseguran que nunca antes en la historia del mercado granario argentino la exportación intentó acceder de manera coercitiva a la cartera completa de clientes de acopios y cooperativas.
Para los acopiadores, esta exigencia vulnera un principio básico del negocio: la confidencialidad comercial. Sostienen que la relación entre el productor y el acopio se basa en la confianza y en la protección de la información, y que compartir esos datos podría afectar la competencia en el mercado.
Además, remarcaron que en la operatoria diaria resulta prácticamente imposible vincular cada camión de soja con un productor específico cuando el grano ya fue acopiado y consolidado en planta.
Desde el punto de vista legal, la Federación afirmó que la medida podría violar la Ley de Protección de Datos Personales y el Decreto 274/2019 de Lealtad Comercial. Incluso recordaron que los sistemas oficiales como SIO-Granos resguardan el secreto comercial.
Las empresas exportadoras, según trascendió, fundamentarían el pedido en exigencias ambientales y compromisos internacionales vinculados a la trazabilidad. Sin embargo, los acopiadores señalan que ya existe un sistema específico para ese fin —VISEC— que permite certificar aspectos ambientales sin exponer datos comerciales sensibles.
Ante este escenario, la Federación informó que está poniendo el tema en conocimiento de organizaciones de productores y corredores de granos para coordinar acciones conjuntas. No descartan avanzar por la vía judicial si la práctica continúa.
El conflicto abre un debate de fondo sobre las reglas de juego en la comercialización de granos. Mientras tanto, desde el sector advierten que cualquier intento de concentración o abuso de posición dominante será enfrentado institucionalmente.