El Senado debatirá el proyecto de Inocencia Fiscal impulsado por el Gobierno, que eleva de forma significativa los montos a partir de los cuales la evasión tributaria pasa a ser delito penal. La iniciativa busca dar previsibilidad a los contribuyentes, aliviar a la Justicia y estimular la exteriorización de dólares adquiridos durante el cepo cambiario.
El oficialismo buscará este viernes la aprobación en el Senado del proyecto de Inocencia Fiscal, una de las piezas centrales de su estrategia económica junto con el Presupuesto 2026. La propuesta introduce cambios clave en el Régimen Penal Tributario, el Código Civil y Comercial y el Régimen de Procedimiento Tributario, con el objetivo de actualizar umbrales que habían quedado desfasados por la inflación y otorgar mayor seguridad jurídica.
La iniciativa fue definida por el ministro de Economía, Luis Caputo, como fundamental para que la economía continúe creciendo a tasas cercanas al 6%. En la práctica, eleva de manera sustancial los montos mínimos que configuran delito de evasión y, por lo tanto, a partir de los cuales la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), conducida por Andrés Vázquez, podrá realizar denuncias penales.
Según el texto, la evasión simple se configurará recién cuando el monto supere los $100 millones, cuando antes el piso era sensiblemente menor. En el caso de la evasión agravada, el umbral general pasará de $15 millones a $1.000 millones. Si existieron maniobras de ocultamiento mediante personas interpuestas, estructuras fiduciarias o jurisdicciones no cooperantes, el monto mínimo ascenderá a $200 millones. En situaciones de uso fraudulento de beneficios fiscales, se aplicará el mismo criterio.
Un capítulo particular es el uso de facturas o documentos falsos: allí, la evasión agravada se configurará cuando el monto supere los $100 millones, frente a los $1,5 millones vigentes hasta ahora.
Especialistas tributarios coinciden en que la actualización era necesaria. Señalan que los montos anteriores provocaban que prácticamente cualquier contribuyente pudiera quedar encuadrado en una causa penal, saturando a los tribunales. Con la nueva ley, además, muchas causas en trámite o en etapa de denuncia dejarían de ser consideradas delito.
No obstante, el proyecto también genera críticas por la fuerte actualización de las multas automáticas. Por ejemplo, la sanción por no presentar declaraciones juradas en término pasará de $200 a $220.000 para personas humanas y de $400 a $440.000 para personas jurídicas, un impacto que preocupa especialmente a las pymes. Durante el debate legislativo, la senadora Patricia Bullrich se comprometió a impulsar una ley corta para corregir este punto.
En conjunto, el Gobierno sostiene que la Inocencia Fiscal permitirá reducir la litigiosidad, concentrar los recursos judiciales en casos relevantes y brindar mayor previsibilidad al sistema tributario, aunque el debate por el alcance de las sanciones sigue abierto.
Contendo original Mundo Empresarial