El Gobierno argentino, bajo la administración del presidente Javier Milei, ha decidido avanzar con la privatización de Corredores Viales S.A., la empresa estatal responsable de la gestión de aproximadamente 6.000 kilómetros de rutas en 13 provincias del país. El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien argumentó que la empresa presenta un déficit operativo de 30 millones de dólares y no cumple con los estándares mínimos de operación y mantenimiento.
Según Adorni, la gestión de las rutas nacionales será transferida al sector privado mediante un proceso de licitación abierto a empresas nacionales e internacionales que cumplan con los requisitos establecidos. Las empresas adjudicatarias podrán comenzar a cobrar las tarifas de peaje una vez que hayan completado las obras necesarias para poner las rutas en condiciones óptimas. Se estima que esta medida generará un ahorro de 5.600 millones de dólares para el Estado argentino.
Corredores Viales S.A. administra actualmente 10 tramos de autovías que atraviesan las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, Buenos Aires, Corrientes, Misiones, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, incluyendo el Acceso Riccheri a la Ciudad de Buenos Aires. Esta iniciativa forma parte del plan del Gobierno para reducir el tamaño del Estado y mejorar la eficiencia en la gestión de la infraestructura vial del país.
Además de Corredores Viales, el Gobierno ha anunciado la privatización de otras empresas estatales, como Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), argumentando que estas compañías han sido operadas de manera deficitaria y no han brindado servicios de calidad. Estas medidas buscan optimizar el uso de los recursos públicos y promover una mayor participación del sector privado en áreas clave de la economía nacional.
La privatización de Corredores Viales S.A. ha generado diversas reacciones en la sociedad y entre expertos en infraestructura. Algunos sectores apoyan la iniciativa, argumentando que la participación privada puede mejorar la calidad y el mantenimiento de las rutas, mientras que otros expresan preocupación por posibles incrementos en las tarifas de peaje y la accesibilidad de las rutas para todos los ciudadanos. El Gobierno ha asegurado que las licitaciones se llevarán a cabo con total transparencia y que se establecerán mecanismos de control para garantizar que las empresas concesionarias cumplan con sus obligaciones contractuales.
Esta decisión se enmarca en una serie de reformas estructurales impulsadas por la administración de Javier Milei, orientadas a reducir el déficit fiscal y promover la eficiencia en la gestión pública mediante la participación del sector privado en áreas estratégicas. El éxito de estas iniciativas dependerá de la implementación efectiva de los procesos de licitación y de la capacidad del Estado para regular y supervisar las actividades de las empresas concesionarias.
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