Una decisión técnica de la Comisión Europea que clasifica a la soja como insumo de “alto riesgo ambiental” podría dejar fuera de competencia al biodiésel argentino en su principal mercado externo y generar fuertes pérdidas económicas, industriales y laborales.
La agroindustria argentina encendió las alarmas tras la publicación de un informe de la Comisión Europea que revisa los criterios ambientales vinculados al ILUC (cambio indirecto del uso del suelo). En ese documento, la soja fue incorporada por primera vez a la categoría de “alto riesgo”, una decisión que podría derivar en el cierre del mercado europeo al biodiésel argentino a partir de 2025.
Según advirtieron la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), la medida implicaría pérdidas anuales cercanas a los US$350 millones y el virtual colapso del negocio exportador de biodiésel de soja, cuyo destino casi exclusivo es la Unión Europea.
El nuevo esquema regulatorio favorecería casi exclusivamente al aceite de colza, producido mayoritariamente dentro del bloque europeo, desplazando a proveedores externos más competitivos como la Argentina. Desde el sector empresario denunciaron que se trata de una barrera comercial encubierta bajo argumentos ambientales.
“El concepto de cambio indirecto del uso del suelo es un invento para eliminar competencia y proteger a las fábricas europeas”, afirmó el presidente de CIARA, Gustavo Idígoras, quien además cuestionó la base técnica del informe. Según explicó, la superficie sembrada de soja en la Argentina viene disminuyendo desde hace más de una década y no existe pérdida de carbono en los suelos.
Desde la industria remarcan que el biodiésel argentino cumple con estrictos estándares de sustentabilidad y cuenta con sistemas de trazabilidad que lo diferencian de otros biocombustibles cuestionados a nivel global.
Más allá del debate técnico, el sector interpreta que la decisión tiene un fuerte trasfondo político, vinculado a las tensiones internas europeas y al demorado acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur. En ese contexto, la Argentina ya trabaja junto a la Cancillería y el Ministerio de Economía en una estrategia de defensa que podría incluir acciones ante la Organización Mundial del Comercio.
La posible pérdida del mercado europeo no solo afectaría al complejo sojero, sino también al empleo industrial, la balanza comercial y el ingreso de divisas, en un momento clave para la economía argentina.
Fuente original Ambito