Las principales Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART) advierten que el sistema se encuentra al borde del colapso por el crecimiento explosivo de la litigiosidad laboral, que ya supera los 130.000 juicios por año. La situación se agravó con la liquidación de Galeno ART, que podría dejar sin empleo a más de 400 trabajadores.
Desde el sector señalan como principal causa el accionar de los peritos judiciales, a quienes acusan de fijar porcentajes de incapacidad sin controles y de cobrar honorarios ligados al monto final de cada sentencia. Las ART reclaman el cumplimiento de la Ley 27.348, aprobada en 2017, que crea los Cuerpos Médicos Forenses (CMF) para regular las pericias. Sin embargo, estos cuerpos todavía no se aplicaron en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, donde se concentra el 80% de los juicios laborales.
Según la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), esta falta de regulación genera fallos “millonarios e inviables”, con casos que superan los $300 millones por lesiones como lumbalgias, a las que irónicamente califican como “epidemia”.
El sector sostiene que, pese a que los accidentes laborales bajaron un 55% y los fallecimientos un 80% en los últimos años, la litigiosidad crece a niveles récord: Argentina tiene una tasa de juicios por riesgos del trabajo 15 veces mayor que España y 21 veces mayor que Chile.
Varias ART debieron ser capitalizadas por sus accionistas en 2024, pero algunos grupos —como el que controla Experta ART— ya anticiparon que no volverán a hacerlo en 2025. En el caso de Galeno ART, la situación derivó directamente en un proceso de liquidación.
Las aseguradoras advierten que, si el sistema se rompe, las indemnizaciones recaerán sobre los empleadores, afectando la generación de empleo formal. También están escépticas ante la reforma laboral impulsada por el Gobierno, ya que consideran que nada cambiará si no se hace cumplir la ley que regula las pericias.
Incluso, una ART líder habría abortado negociaciones con el ministro Federico Sturzenegger al detectar que su propuesta derivó en la idea oficial de desregular y eventualmente eliminar la obligatoriedad de las ART, lo que generó preocupación en el sector.