El Gobierno apuesta a una baja adicional del riesgo país para reabrir el acceso al financiamiento internacional, pero en Wall Street dudan de la estrategia sin un plan claro de acumulación de reservas. En paralelo, bancos locales advierten que la morosidad se disparó y que el crédito seguirá restringido en los próximos meses.
El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió al centro del debate financiero al presentar proyecciones optimistas sobre la capacidad del Gobierno para acumular reservas durante 2026. Según estimó, si la demanda de pesos acompaña, Argentina podría comprar entre US$ 7.000 millones y US$ 21.000 millones el próximo año. Sin embargo, en Wall Street persisten las dudas. “El mercado quiere algo esquematizado para sumar reservas, no creo que se convenza solo con el enunciado del ministro”, indicó un operador desde Nueva York.
La preocupación también llegó desde el Fondo Monetario Internacional. Su vocera, Julie Kozack, advirtió que las políticas monetarias y cambiarias deben “respaldar una trayectoria más ambiciosa de acumulación de reservas”, al tiempo que consideró desafiante cumplir la meta pactada para fin de año. El FMI insistió en que fortalecer las reservas es clave para reducir vulnerabilidades y facilitar el regreso a los mercados internacionales de crédito.
En el mismo sentido, Natalia Gurushina, economista jefe de VanEck, sostuvo que la falta de un camino definido para acumular reservas limita el potencial alcista de los bonos argentinos, un factor determinante para la estrategia oficial de bajar el riesgo país. Caputo confía en que la aprobación de leyes clave —como el Presupuesto y reformas laborales y tributarias— en sesiones extraordinarias permitirá dar ese impulso adicional antes del vencimiento de US$ 4.300 millones en bonos el próximo 9 de enero.
El banco brasileño Bradesco coincidió en que existe un “optimismo cauteloso” en el mercado ante la posibilidad de una nueva emisión de deuda argentina, aunque estima que solo sería viable con tasas cercanas al 10%. Para la entidad, si las condiciones mejoran, podría abrirse una ventana para emitir a partir del primer trimestre de 2026; de lo contrario, el Gobierno recurriría a operaciones de repos para afrontar los pagos de corto plazo.
Mientras tanto, la economía en pesos transita un sendero más complicado. Los bancos locales comenzaron a ver un deterioro en la cartera de préstamos y una caída significativa en las utilidades. Según ejecutivos del sector, el freno al otorgamiento de crédito se inició en septiembre, impulsado por un aumento abrupto de la morosidad, especialmente en tarjetas de crédito, donde las tasas de mora a 70 días llegaron al 33%-37%.
Aunque octubre y noviembre mostraron una leve mejora, las entidades advierten que el nivel de incumplimiento sigue siendo alto y no permite relajar la política crediticia. Esto implica que no habrá una recuperación rápida del crédito, tanto para empresas como para individuos. La estabilidad de las tasas de largo plazo es otro condicionante: mientras no bajen, los préstamos personales —y por extensión las tasas de las tarjetas, que están reguladas en función de ellos— seguirán elevados.
En un escenario donde la economía es cada vez más “tasadependiente”, la dinámica del crédito y la evolución del riesgo país se vuelven claves para definir la velocidad de la recuperación. Tanto para el Gobierno, que busca volver a los mercados después de ocho años, como para empresas y consumidores que necesitan financiamiento para reactivar la actividad, el panorama sigue en suspenso.