Las modificaciones a la Ley 26.639 -o más conocida como “Ley de Glaciares”- que impulsa el Gobierno Nacional cambia criterios preventivos y recorta protección a las zonas glaciares y periglaciares. La propuesta es limitar las áreas a proteger para dar paso a la megaminería. Desde sectores críticos se denuncia la corrupción de recursos naturales y de arraigo propio. Asimismo la contaminación que lleva consigo la megaminería.
Actualmente, el Senado de la Nación aprobó la modificación de la ley el 26 de febrero de 2026, y el proyecto se encuentra actualmente en la Cámara de Diputados para su tratamiento definitivo. Es interesante señalar que se ha convocado a audiencias públicas ante diversos reclamos de opositores para los días 25 y 26 del presente mes en la Cámara de Diputados para permitir la participación ciudadana y de especialistas antes de la votación.
La discusión de fondo se da por cierta simplificación que cabe en “desarrollo” o “ambiente”. Por una parte, la emergencia económica y la necesidad de producir puestos de trabajo. Por otra parte, la cuestión ligada a la biodiversidad y el respeto por los bienes públicos de dominio público.
En conversación con la periodista chubutense Claudia Sastre me dice: “Tenés un pueblo que rechaza eso”. Lo expresa por su pueblo Epuyen. La chubutense está involucrada desde hace tiempo en el cuidado de los recursos de su pueblo. Además de la transparencia institucional. ¿Con los malísimos controles argentinos?, me pregunta Sastre. Led igo que se puede usar flotación (para sulfuros de cobre) y lixiviación con ácido sulfúrico (para óxidos de cobre). Asimismo en la transparencia institucional. Una República sola se basa en el poder de sus instituciones.
Una Oficina Anticorrupción en Minería Patagónica puede ser uno de los ejes más importantes y que depende de nosotros como Nación lograr asegurar. Limitando el poder estatal. La ciudadanía puede pensar en estas cosas y llevar el debate al aula o las universidades. Pensar el presente. Y, pensar que estas problemáticas deben definirse democráticamente.
El medio ambiente nos afecta a todos y el empleo también. ¿Cómo podemos lograr que las mineras contaminen lo menos posible? Considero que indagar en esto es mucho más productivo que implicaciones vacías que pueden darse en contextos de redes sociales.
En definitiva, tenemos al gobierno que procede a pensar en avanzar en el proyecto minero
sin pensar en consecuencias ambientales. Sólo rendimiento económico. Otros se oponen férreamente a las modificaciones de la Ley 26.639. En mi caso, considero que una minería responsable: es el eje más importante a pensar, debatir y capacitarse.
Leandro A. Cuellar