El Gobierno nacional oficializó la creación de la Ventanilla Única de Pago Registral Automotor (VUPRA), un sistema digital que comenzará a funcionar el 1° de noviembre y que centralizará el pago de aranceles, impuestos, tasas y multas en todo el país. La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 572/2025, fue presentada como un paso hacia la simplificación de trámites y la modernización del Estado.
Sin embargo, la iniciativa despertó preocupación y fuertes advertencias en el sector registral automotor, que teme que su implementación genere caos administrativo, desfinanciamiento y pérdida de seguridad jurídica.
Críticas desde los registros
Fuentes consultadas remarcaron que el sistema dejará de aceptar pagos en efectivo, aunque todavía no está claro qué medios electrónicos estarán habilitados. Además, cuestionaron la falta de precisiones sobre la articulación con provincias, municipios y entidades bancarias, lo que podría generar serias dificultades de aplicación en la práctica.
Uno de los aspectos más sensibles es la derogación del esquema vigente desde 1986 para el cobro de aranceles en los Registros Seccionales. Según advierten los mandatarios, estos ingresos son la principal fuente de financiamiento de las oficinas en todo el país:
“Si la recaudación se centraliza en una plataforma nacional sin un mecanismo claro de distribución, el sistema entero queda desfinanciado. Eso afectará directamente la atención al ciudadano”, señaló un referente del sector.
Riesgos para la seguridad jurídica
La medida también abre interrogantes sobre la trazabilidad y seguridad de las operaciones de transferencia de vehículos, el segundo bien registrable más importante después de los inmuebles.
“Si los registros pierden recursos o capacidad de control, lo que se pone en riesgo es la seguridad jurídica de millones de usuarios”, advirtieron.
Incertidumbre política y operativa
Otro punto de fricción es que la adhesión de provincias y municipios será voluntaria, lo que podría generar asimetrías en la aplicación del sistema según el distrito. Además, desde el sector aseguran que no hubo instancias de diálogo previas con el Ministerio de Justicia:
“Nos enteramos por el Boletín Oficial, no se convocó a una mesa de trabajo. No se trata de resistir los cambios, sino de evitar que un servicio esencial quede a la deriva”, cuestionaron.
La postura oficial
Desde el Gobierno, en tanto, sostienen que la implementación de VUPRA permitirá mayor agilidad, transparencia y control en los trámites registrales, en línea con la política de digitalización de la administración pública.
La discusión ahora queda abierta: mientras el Ejecutivo defiende la modernización, operadores del sistema registral advierten que, sin un plan de transición y financiamiento claro, la medida podría generar más problemas que soluciones.