Advierto que miles de empresas argentinas arrastran secuelas de décadas de subinversión y propongo la creación de un fondo privado de reconstrucción para evitar cierres, pérdida de empleo y destrucción de capital productivo en el pasaje al nuevo régimen económico.
La idea central parte de una premisa clara: las condiciones iniciales importan. Cuando hablo de “herencia recibida”, no me refiero a un argumento político ni a un hecho del pasado, sino a una realidad que sigue condicionando la estructura productiva, la competitividad y las decisiones empresariales. Un cambio de gobierno o de expectativas no convierte automáticamente un aparato productivo deteriorado en uno eficiente y moderno.
La economía argentina llega a esta etapa luego de más de 25 años de subinversión sostenida. Entre 1980 y 2024, la tasa promedio de inversión fue del 16,3% del PBI, muy por debajo de la de países de la región y de nuestros competidores globales. El resultado es un parque de máquinas envejecido, capacidad productiva reducida y una pérdida persistente de competitividad.
Frente al nuevo escenario, observo que las empresas ingresan en condiciones muy dispares. Algunas deciden salir del mercado de manera ordenada ante el cambio de reglas. Otras, en cambio, quieren continuar y adaptarse. Dentro de este grupo conviven firmas financieramente “sanas”, empresas “averiadas” con problemas de capitalización y acceso al crédito, y compañías “casi rotas”, con deudas acumuladas, atrasos y un horizonte financiero extremadamente corto.
No hago juicios morales ni simplificaciones. Muchas de las dificultades actuales no responden exclusivamente a errores de gestión, sino a décadas de inflación, presión fiscal elevada, economía cerrada, inestabilidad jurídica y restricciones al financiamiento. Bajo estas condiciones, la consigna de “el que no se adapta, desaparece” me resulta injusta y poco eficiente.
Desde una mirada práctica, permitir que una parte relevante del entramado productivo quede en el camino no le conviene a nadie: ni al Estado, ni al sistema financiero, ni a las empresas más sólidas, ni a los trabajadores. La destrucción de empresas implica pérdida de empleo, menor producción y un proceso de ajuste más costoso y prolongado.
Por eso propongo crear un instrumento puente: un fondo privado de reconstrucción destinado a empresas averiadas o al borde del colapso que quieran seguir operando. El mecanismo debería ser un crédito de largo plazo, con período de gracia, orientado exclusivamente a reestructurar pasivos, financiar inversiones, modernizar procesos y permitir la “puesta a punto” productiva.
El financiamiento, las garantías, la moneda y las tasas deberían ser definidos por el sector privado, al igual que eventuales condicionalidades vinculadas al empleo, la formalización o las exportaciones. El objetivo es ganar tiempo para que la nueva economía genere, de manera natural, mercados de crédito y procesos de fusiones más dinámicos.
Mi conclusión es clara: una nueva economía necesita un puente para pasar del modelo del pasado a la nueva realidad. Sin ese instrumento de transición, el riesgo es que muchas empresas que quieren seguir no lleguen a destino.
Gustavo Lacha Lazzari- Economista