Pese a los frenos judiciales y legislativos, el Gobierno avanza con un plan de “transformación” en el INTA que incluye la reducción de hasta 1700 empleados mediante retiros voluntarios y la posible clausura de agencias y centros de investigación. La revisión estructural genera fuerte rechazo sindical, temores por el funcionamiento del organismo y un creciente conflicto interno.
El Gobierno nacional retomó su intención de aplicar un profundo ajuste en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), con un objetivo que podría implicar el recorte de hasta 1700 trabajadores mediante un esquema de retiros voluntarios. Según confirmaron fuentes oficiales, la medida forma parte de un proceso interno de “transformación” orientado a “alinear al instituto a los estándares de eficiencia del Estado”.
Actualmente, la planta del INTA asciende a 5822 empleados. La propuesta —que estuvo frenada en los últimos meses por fallos judiciales y bloqueos legislativos a un decreto de reforma— contempla una revisión integral de la estructura del organismo, lo que podría derivar en el cierre de centros experimentales y áreas que, según el Gobierno, “no justifican su infraestructura” o no estarían aportando resultados acordes con las demandas de la producción.
Desde el Ejecutivo sostienen que la institución “sigue operando con una estructura pensada para la matriz productiva de hace medio siglo” y que la revisión no implica solo recortes, sino también la incorporación de áreas nuevas alineadas con las tecnologías actuales del agro. Si bien la apertura de retiros voluntarios aún no está formalmente confirmada, la intención de reducir la plantilla se mantiene firme.
Rechazo gremial y preocupación por el funcionamiento
El gremio Apinta advierte que el INTA ya sufrió un achique significativo desde la asunción del gobierno de Javier Milei: la dotación pasó de 6600 trabajadores a 5822. “Ha habido un gran número de bajas, retiros, renuncias y jubilaciones. No es viable avanzar con retiros voluntarios o pases a disponibilidad sin poner en riesgo el funcionamiento del organismo”, alertó el secretario general, Mario Romero.
Julieta Boedo, delegada de ATE, señaló que la planta se redujo un 17% desde diciembre y acusó al Gobierno de pretender reactivar un “plan inicial” de despidos, cierre de agencias y venta de tierras que fue frenado en la Justicia y en el Congreso. También denunció el ingreso de nuevos funcionarios sin concurso, rompiendo la tradición de carrera interna que rige el organismo desde hace 70 años.
Nuevo Consejo Directivo y conflictos abiertos
El mes pasado asumieron nuevos integrantes del Consejo Directivo del INTA, que reúne representantes del Estado, entidades agropecuarias y el ámbito académico. Allí se confirmó que avanza una agenda de revisión de estructuras, aunque sin definiciones concretas.
El nuevo esquema divide el país en macrorregiones para mejorar el vínculo entre consejeros y territorios. Romero reconoció este cambio como positivo, destacando que puede reducir la “desconexión” histórica en la toma de decisiones.
Uno de los conflictos más sensibles es el de la estación experimental AMBA de Castelar, donde el Gobierno intentó avanzar con su cierre, pero un amparo de la jueza Martina Forns frenó cualquier procedimiento administrativo. Unos 30 trabajadores aún esperan reubicación en otros institutos del predio.
Venta de tierras y presupuesto 2026
Otro punto de fricción es la posible venta de tierras del organismo. Según Romero, la resistencia de los consejeros del interior habría frenado la iniciativa. “No están dispuestos a entregar tierras del INTA. Si las decisiones dependen de las regiones, no va a salir nada”, afirmó.
En paralelo, el gremio advierte que, aunque el presupuesto 2026 prevé un 30% más de fondos, consideran la cifra insuficiente y anticipan que el organismo necesitará ampliaciones a lo largo del año para sostener su operatividad.
El Consejo Directivo sigue incompleto: falta la designación del representante de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), cuya terna ya fue propuesta pero aún no fue definida por el Gobierno.