El Gobierno impulsa una reforma laboral que apunta a reducir juicios, dar mayor previsibilidad a pymes y redefinir reglas clave sobre despidos, indemnizaciones y reclamos laborales.
El Gobierno presentó en el Congreso un proyecto de reforma laboral que busca modernizar el sistema de empleo, reducir la litigiosidad y brindar mayor seguridad jurídica tanto a trabajadores como a empresas, con especial foco en las pymes. La iniciativa surge en un contexto de fuerte crecimiento de los juicios laborales y altos costos asociados a despidos y reclamos.
Según datos del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), actualmente existen más de 637.000 expedientes laborales activos en el país. De ese total, unos 308.000 corresponden a riesgos del trabajo y 329.000 a despidos. Solo en 2025 se iniciaron más de 122.000 nuevas demandas, un récord histórico que implica que cerca del 10% de los trabajadores registrados podría estar involucrado en un juicio.
Qué cambia para los trabajadores en relación de dependencia
Uno de los ejes centrales del proyecto es la indemnización por despido sin causa, que pasará a ser total y cancelatoria. Una vez abonada, el trabajador no podrá iniciar nuevos reclamos por ese mismo despido. Además, la base de cálculo excluirá conceptos no mensuales como aguinaldo, vacaciones y premios extraordinarios.
Los créditos laborales se actualizarán por IPC más un 3% anual, eliminando el esquema de intereses sobre intereses. En el caso de las pymes, se habilita el pago de sentencias en hasta 12 cuotas, bajo supervisión judicial, para evitar impactos financieros críticos.
Entre otros cambios relevantes, el proyecto establece:
- Presentación de todas las pruebas al inicio del juicio.
- Eliminación del impulso de oficio del juez: el avance del expediente dependerá de las partes.
- Caducidad de la causa si el trabajador no impulsa el proceso durante 6 meses.
- Derivación de los conflictos laborales con el Estado al fuero contencioso administrativo.
- Aplicación obligatoria de los criterios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con sanciones a jueces que no los respeten.
Riesgos del trabajo, peritos y trabajo autónomo
La reforma fija un plazo de 90 días para crear Cuerpos Médicos Forenses en las jurisdicciones adheridas. Los honorarios de los peritos dejarán de calcularse como porcentaje del juicio y pasarán a un sistema tarifario fijo.
También se redefine la situación de los prestadores de servicios, que serán considerados trabajadores autónomos, con el objetivo de reducir litigios por falsa relación de dependencia. Se mantiene el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO) como instancia previa a los tribunales.
Fondos de Asistencia Laboral
El proyecto crea los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), financiados con un 3% de las remuneraciones de los empleados. El objetivo es garantizar el pago de indemnizaciones y reducir la judicialización, aunque aún quedan pendientes detalles sobre su aplicación a trabajadores actuales y a desvinculaciones voluntarias.
En conjunto, la reforma busca reordenar la relación entre empleadores y empleados, priorizando previsibilidad y menor conflictividad. No obstante, varios puntos anticipan debates judiciales y sindicales si la iniciativa avanza en el Congreso.