La Argentina perdió en las últimas dos décadas más de la mitad de la participación de inversores extranjeros en el desarrollo de nuevas semillas. Especialistas advierten que un marco legal desactualizado y un bajo control de los derechos de propiedad intelectual frenan la innovación y desalientan inversiones clave para la competitividad del agro.
La innovación en semillas es uno de los motores centrales del crecimiento de la productividad agrícola a nivel global. Sin embargo, en la Argentina ese proceso muestra un marcado atraso frente a sus principales competidores. Según un documento privado difundido por la Universidad Austral, el país perdió en los últimos 20 años más del 50% de la participación de inversores extranjeros en las solicitudes de registro de nuevas variedades vegetales, principalmente por un marco normativo considerado “laxo” y poco previsible.
El estudio sostiene que la actual legislación de semillas no protege adecuadamente los derechos de propiedad intelectual, un factor clave para incentivar la investigación y el desarrollo (I+D). Como consecuencia, el sistema argentino ofrece escasos incentivos tanto para empresas locales como para actores internacionales interesados en invertir en biotecnología aplicada al agro.
Un marco legal desactualizado
A diferencia de décadas pasadas, cuando la innovación en semillas estaba liderada por organismos públicos, hoy el desarrollo de nuevas variedades depende en gran medida del sector privado y de fuertes inversiones en ciencia y tecnología. Para que este modelo funcione, señalan los especialistas, es indispensable contar con reglas claras y estables que garanticen la protección de las innovaciones.
Mientras la mayoría de los países competidores de Argentina modernizaron sus sistemas legales y adoptaron estándares internacionales más exigentes, como el convenio UPOV 91, la Argentina continúa rigiéndose por el UPOV 78, vigente desde los años setenta. Esta situación genera una brecha normativa que limita la llegada de capitales y proyectos de largo plazo.
Más protección no implica menos competencia
Uno de los argumentos más utilizados contra la actualización de la ley de semillas es que un mayor nivel de protección favorecería a grandes multinacionales y reduciría la competencia. No obstante, la evidencia internacional citada en el informe muestra lo contrario: los países con marcos regulatorios más robustos exhiben mercados más dinámicos, mayor desarrollo de nuevas variedades y mejoras sostenidas en la productividad.
Incluso en contextos donde existe mayor concentración, los avances tecnológicos derivados de la innovación en semillas suelen beneficiar tanto a los productores como a los desarrolladores, a través de mayores rindes, mejor adaptación a condiciones climáticas adversas y mayor eficiencia en el uso de insumos.
La comparación con Brasil y Estados Unidos
La experiencia de países como Brasil y Estados Unidos resulta ilustrativa. Ambos lograron atraer mayores inversiones privadas y registrar un número creciente de nuevas variedades, con una participación significativa de actores extranjeros. En la Argentina, en cambio, la participación de inversores no residentes se redujo con el tiempo y el sistema se volvió altamente sensible a los cambios políticos, incrementando la incertidumbre regulatoria.
A esto se suma una brecha creciente entre las solicitudes de registro de semillas y el otorgamiento efectivo de los derechos, lo que evidencia problemas institucionales y de gestión que profundizan la desconfianza del sector.
Un potencial aún vigente
Pese a este escenario, el documento destaca que el potencial argentino está lejos de haberse agotado. El país cuenta con una sólida base científica, capital humano calificado y una posición estratégica en el agro que podría permitirle convertirse no solo en productor de materias primas, sino también en proveedor de tecnología.
“Argentina tiene el potencial de utilizar su ventaja competitiva en el agro, el nivel educativo y técnico de sus científicos y la capacidad empresarial para desarrollar un polo tecnológico en la producción de nuevas variedades de semillas”, señala el informe.
Para lograrlo, concluyen los especialistas, será imprescindible avanzar hacia un marco legal moderno, estable y alineado con los estándares internacionales, que respete los derechos de propiedad, incentive la inversión privada y reduzca la inseguridad jurídica. De no hacerlo, advierten, el estancamiento institucional seguirá limitando el desarrollo tecnológico y la competitividad del agro argentino en el largo plazo.