La resolución 201 del Senasa que flexibiliza el sistema de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina generó fuertes diferencias entre las entidades rurales. Mientras la Sociedad Rural Argentina respalda la medida, CRA y Federación Agraria advierten riesgos para el esquema sanitario.
La reciente decisión del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de avanzar con una flexibilización en el sistema de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina abrió un fuerte debate dentro del sector agropecuario. La medida, oficializada a través de la resolución 201, establece que desde el 1° de enero de 2027 los productores podrán elegir libremente a un veterinario privado acreditado para aplicar las vacunas en sus rodeos.
El cambio implica una transformación profunda del esquema sanitario vigente, basado históricamente en fundaciones y entes organizados que coordinan las campañas de vacunación. En este contexto, distintas entidades ruralistas comenzaron a manifestar posiciones contrapuestas.
Desde Confederaciones Rurales Argentinas, su presidente Carlos Castagnani fue uno de los más críticos. “Es una medida innecesaria e inoportuna”, afirmó, al advertir que el sistema actual, aunque perfectible, garantiza aspectos clave como la cadena de frío y la correcta aplicación de las vacunas.
El dirigente puso especial énfasis en la cobertura territorial, sobre todo en zonas alejadas o de frontera. Según explicó, el esquema vigente tiene un componente solidario que permite llegar a todos los productores, incluso en condiciones adversas. “Si había que hacer kilómetros a caballo, se hacía”, graficó, y alertó que con el nuevo modelo podría perderse esa lógica, ya que no siempre resultará rentable para un veterinario privado cubrir áreas marginales.
Además, cuestionó que la medida se haya tomado sin consulta previa al sector. “Fue inconsulta”, sostuvo, y remarcó que si bien existen problemas como la disparidad de costos entre entes sanitarios, estos deberían corregirse sin desarmar el sistema actual.
En la misma línea, la presidenta de Federación Agraria Argentina, Andrea Sarnari, consideró que la sanidad animal es un “enorme capital” construido durante décadas. Advirtió que una reforma con foco principalmente económico podría poner en riesgo ese activo estratégico, clave para acceder a mercados internacionales cada vez más exigentes en trazabilidad y calidad sanitaria.
“Los productores queremos bajar costos, pero ese no es el camino”, sostuvo, al tiempo que reclamó mayor control estatal sobre los entes con costos desfasados en lugar de modificar el sistema de base.
En contraste, desde la Sociedad Rural Argentina respaldaron la iniciativa oficial. Su presidente, Nicolás Pino, calificó la medida como “atinada” y destacó que permitirá mayor libertad para los productores, además de contribuir a reducir costos y mejorar la eficiencia.
Pino consideró que el nuevo esquema no pone en riesgo la sanidad del rodeo y subrayó que los veterinarios deberán cumplir con las normativas vigentes. Asimismo, planteó que el sistema actual necesita aggiornarse tras décadas de funcionamiento. “Las fundaciones fueron muy útiles, pero hoy estamos en otra situación productiva y logística”, explicó.
El dirigente también destacó la importancia del período de transición hasta 2027 para definir aspectos operativos clave, como la distribución de vacunas y la organización del trabajo de los profesionales.
En definitiva, la resolución del Senasa abre un proceso de cambios en el esquema sanitario ganadero que combina expectativas de modernización con preocupaciones por la cobertura y la sostenibilidad del sistema. Con el objetivo de reducir costos y dar mayor libertad al productor, la medida plantea un nuevo escenario que deberá ser reglamentado en los próximos meses, en medio de un debate abierto sobre el equilibrio entre eficiencia y resguardo sanitario.